Si bien gran parte de las infracciones e incidentes a la misión médica se atribuyen a los hechos de violencia derivados del conflicto armado interno, también se han presentado situaciones de intolerancia al interior de las comunidades que han dificultado el desempeño profesional del personal sanitario. En ese sentido, es fundamental la cooperación de las instituciones gubernamentales en el orden local como de las comunidades frente a la protección de la misión médica (recurso humano, bienes y servicios sanitarios), a efectos de garantizar la prestación de los servicios de salud de manera eficiente y oportuna.

Para el Comité Departamental de Derechos Humanos es claro que la movilización y permanencia del personal sanitario en los municipios está supeditado a las garantías de seguridad y convivencia que puedan brindarse para su ejercicio profesional, sin otra misión diferente a la de proteger la vida, salud e integridad de la población que demanda la atención y prestación de los servicios de salud en el territorio nariñense.